RED MUQUI se dirige a la opinión pública nacional e internacional para manifestar lo siguiente:

Una vez más, este lunes 17 de julio se declaró como "desierta" la subasta pública del complejo metalúrgico de La Oroya y la mina de cobre Cobriza, que estuvieron en titularidad de Doe Run Perú, cuya matriz es el Grupo RENCO de capitales norteamericanos.

Como se ha anunciado anteriormente, esta nueva postergación reduce -una vez más- el precio base de US$ 271.27 millones de dólares; es deicr, en un 15% para la próxima y última rueda del 26 de julio próximo. Con ello, igualmente se reducen los ingresos que la Junta de Acreedores -en donde el Estado está incluido- puede lograr.

Lamentablemente se insiste en facilitar un proceso de inversión que solo tiene una perspectiva económico-patrimonial y que no considera los graves impactos, a la vida y a la salud, que el funcionamiento del complejo metalúrgico ya ha generado, en una ciudad que se encuentra dentro del ranking de los diez lugares con mayor contaminación ambiental en el mundo, y en donde los niños han sido los más perjudicados –en un 90%- al haberse contaminado con plomo y otros metales.

En ese orden de ideas, resulta evidente que no hay una mirada integral de lo que implica la salud ambiental y humana en el Estado. No se asume -o no se quiere asumir- que ambas están directamente vinculadas, y que cualquier impacto ambiental por actividad extractiva (como la minero-metalúrgica) tiene consecuencias directas -o indirectas- en las personas.

Esto último se corrobora en el reciente decreto supremo que modifica los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) de Aire, de 80 a 250ug/m3 (24 horas), incremento que se realizó sin ningún sólido sustento técnico, por parte del Ministerio del Ambiente (MINAM) y sin mayor coordinación con el Ministerio de Salud (MINSA); todo ello con el claro objetivo de facilitar la venta del Complejo Metalúrgico de La Oroya y permitir otras operaciones que pueden ocasionar graves impactos negativos de carácter social y ambiental.

Al respecto, según lo ha señalado Monseñor Pedro Barreto, Arzobispo de Huancayo, el propio Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental Junín emitió en mayo  un comunicado en el que señala que “es de opinión concluyente del CIP-CDJ, rechazar los nuevos parámetros y continuar con el estricto cumplimiento de los niveles del parámetro vigente para el dióxido de azufre el cual debe mantenerse en 20ug/m3 (24 horas), conforme o lo recomendado por lo Organización Mundial de la Salud {OMS)". En repsuesta, las autoridades no han tomado en cuenta lo expresado por Monseñor Barreto, y más bien se han dedicado, conjuntamente con otras personas, a criticarlo e intentar demoler su honra.

Por ello, rechazamos la campaña iniciada contra el Arzobispo Barreto que en el ejercicio legítimo de su libertad de expresión, como pastor de la Iglesia que representa, y como parte de la sociedad civil, una vez más se ha pronunciado sobre la contaminación en La Oroya, con fundamentos técnicos que lo avalan en su postura, y ha criticado la actitud del gobierno en este delicado tema.

Finalmente, exigimos a las autoridades nacionales, regionales y locales a priorizar la vida y la salud de las personas ante todo y, desde luego, cumplan con su deber de promover alternativas económicas sostenibles para todos los trabajadores y familias de la ciudad de La Oroya, que mejoren el desarrollo y la calidad de vida de la población, como sustento fundamental de cualquier decisión que tome el Estado con relación a este tema.

Lima, 19 de julio de 2017

Luego de tres días de dialogo y debate concluyo el encuentro nacional por el agua.
"Yacu" miremos rio arriba el evento reunió a muchas autoridades y líderes sociales Comprometidos con la protección del agua.

https://soundcloud.com/centro-labor-792985608/programa-radial-participacion-del-centro-labor-08-07-2017

En días recientes, el entorno del local institucional del Ministerio de Salud se ha visto conmovido por la presencia de ciudadanos y de niños provenientes de Cerro de Pasco, quienes protestan ante la inacción del Estado respecto de la terrible situación de salud que los aqueja. “Vida sí, plomo no”, “El agua es vida, el agua en Pasco mata”, “Alto a la leucemia en Pasco”, son algunos de los mensajes que nos transmiten las pancartas con las que han rodeado la puerta de acceso al ministerio.

Degradación ambiental en Cerro de Pasco

Habiendo crecido al calor de la minería antigua y moderna, la ciudad capital de mayor altitud del Perú experimenta una persistente crisis de salud pública y ambiental provocada, entre otros factores, por los pasivos mineros provenientes de las actividades extractivas. Y no es la primera vez que hacen sentir su voz. En 2012, las movilizaciones y llamados de atención a las autoridades locales, obligaron a estas a realizar las gestiones necesarias ante el Ministerio del Ambiente para declarar a Cerro de Pasco en emergencia roja ambiental, dada la comprobada presencia de metales pesados y otros contaminantes en el organismo de muchos de sus habitantes, especialmente en los niños.

Esta declaratoria suponía la pavimentación y reforestación de las calles, el financiamiento de un proyecto integral de agua y desagüe, la construcción de un centro de desintoxicación de plomo y otros metales, y la remediación de los pasivos mineros. A decir verdad, a la fecha poco se ha avanzado. Allí radica el leitmotiv de las protestas, pues el degradado y riesgoso estado de cosas continúa exponiendo a la población a males diversos.

Así entonces, en distritos como Simón Bolívar se tiene a niños con plomo por encima de los estándares aceptables, varios de ellos con bajo desarrollo escolar, problemas psicomotrices, alergias, desgano, e incluso cáncer. Y para complicar las cosas, el agua que consume Cerro de Pasco no reúne las condiciones mínimas de calidad, a lo que se suma la presencia de enormes charcos de agua sulfatada que al secarse liberan polvo que recae en los pavimentos y en las casas. Un caso aparte es el estado calamitoso de varias lagunas que rodean la ciudad. Ni la minería antigua ni la moderna parecen haber traído mejores condiciones sociales, económicas y urbanas a la que alguna vez fue la “capital minera del Perú”.

Mientras en La Oroya

Si esta es la inquietante situación de salud ambiental en Cerro de Pasco, ante lo cual su población protesta y demanda soluciones expeditivas, cosa totalmente distinta parece discurrir a 128 kilómetros hacia el sur, en La Oroya, donde la gente suele interrumpir el tráfico de la carretera central, pero no precisamente pensando en su salud.

A semejanza de Cerro de Pasco, en La Oroya también subsisten pasivos ambientales. El plomo y el arsénico colonizan el organismo de muchos de sus habitantes, las aguas del río Mantaro son inutilizables y la ciudad también ha crecido al calor de la minería, a través de las operaciones de la fundición metalúrgica cuyas emisiones han venido contaminando la ciudad desde hace casi cien años.

Pero a diferencia de Cerro de Pasco, en La Oroya no se movilizan en pro de la salud de su gente sino en favor de que la fundición continúe operando –aunque la siga contaminando— con vistas a asegurar los puestos de trabajo. Además, se cuestiona al Estado porque podría cerrar el complejo metalúrgico, minimizando los riesgos asociados a la contaminación y negando  que existan personas enfermas por esta causa.

Dos ciudades, dos caminos

¿Qué hace tan distintas a Cerro de Pasco y La Oroya, pese a compartir condiciones históricas de alta exposición a los impactos contaminantes propios de emprendimientos mineros o metalúrgicos? ¿Por qué los pobladores de Cerro de Pasco denuncian sus problemas de salud, sin hacerse problemas en asociarlos con la contaminación minera, mientras los de La Oroya protestan porque los estándares ambientales son demasiado estrictos, impidiendo la continuidad de las operaciones metalúrgicas?

Entre las posibles razones, se puede remarcar que el grado de polución en Cerro de Pasco es históricamente mayor al de La Oroya, pues la primera nació como asentamiento minero desde fines del siglo XVI, mientras que la segunda recién comenzó a experimentar los efectos de la industria extractiva en 1922, tras la apertura de la fundición. En la larga duración, Cerro de Pasco ha acumulado una mayor cantidad de residuos mineros que se grafican hoy en día con la existencia de monumentales montañas artificiales, como el caso de la desmontera Excélsior, que a la fecha no está remediada.

Otro elemento que es preciso tomar en cuenta es el grado de dependencia económica de ambas ciudades respecto a la actividad extractiva. Una mirada inicial daría la impresión que tanto La Oroya como Cerro de Pasco exhiben similar estatus. Sin embargo, en esta última la minería ya no sería ni la más determinante ni la única fuente de ocupación entre sus 70 mil habitantes, como lo señala Wilmar Cosme, de la Asociación Civil Labor. En cambio, La Oroya, con 20 mil habitantes ahora, tiene proporcionalmente más personas involucradas laboralmente con el complejo metalúrgico. El histórico tajo minero de Cerro de Pasco, que hoy continúa tragándose a la ciudad y obligando a su reubicación, no resulta tan portentoso como la simbólica chimenea de La Oroya en su capacidad de modelar expectativas e identidades a su alrededor. Como decía un poblador oroyino: “..te queremos fundición de mis amores…de ti hemos vivido…muchas gracias por todo…”.

Un factor que también ayuda a lograr un mejor examen comparativo es la actitud negacionista que se ha hecho sentido común en La Oroya, reforzada por la aparente ausencia de cuadros dramáticos de salud entre sus habitantes, a diferencia de Cerro de Pasco. Un trabajador de la fundición le respondía así al antropólogo Alonso Burgos: “Dicen que hay niños enfermos, pero son las ONG del medio ambiente que se han inventado eso. Tengo veintisiete años trabajando y no soy mongolito o tarado”. En Cerro de Pasco, por el contrario, los casos son crudamente expresivos de que la salud y los servicios públicos no obtienen respuestas terminantes ni del Estado ni de las empresas mineras involucradas.

Así con todo, lo real es que en Cerro de Pasco hay un grave e irresuelto problema de salud y de exposición a la contaminación, mientras en La Oroya subsiste un impase de corte empresarial que mantiene inactiva a la fundición y a sus trabajadores en involuntaria suspensión laboral.

Más allá de sus diferencias, ambos casos ilustran cómo la minería moderna no siempre es tan limpia ni tan promotora del desarrollo, al menos en sus zonas de influencia. Pero también expresan nuestra persistente debilidad institucional y valorativa, por cuanto, de un lado, las penosas condiciones de salud no obtienen respuesta oportuna, y de otro, se ponen en segundo plano los derechos a la salud para privilegiar los ingresos económicos. Lo peor es que, a la fecha, no se logra ni lo uno ni lo otro para ambas poblaciones.