Lima, 14 de Julio 2014.
Asunto: Transparencia y participación ciudadana ante COP20 y Cambio Climático/Posición negociadora peruana y agenda ambiental interna.
Señor Presidente,
Nuestro país encara una oportunidad histórica y excepcional. El Perú será sede de la 20ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la misma que se llevará a cabo en la ciudad de Lima en el mes de diciembre. En esta cita –la más importante en materia de gobernanza ambiental a nivel global-, la comunidad internacional centrará su atención en el proceso de negociación y redacción de un borrador de Acuerdo Climático Global, el mismo que será aprobado en la próxima COP (Paris, 2015) y que establecerá compromisos y metas de reducción de emisión de gases de efecto invernadero, entre otras acciones que deberá adoptar la comunidad internacional las próximas décadas para encarar este proceso global.
La relevancia internacional de este encuentro, y nuestra condición de país anfitrión, representan el contexto idóneo para avanzar en el establecimiento de una institucionalidad ambiental global y nacional acorde con la magnitud del reto. El Perú es uno de los países con mayores niveles de vulnerabilidad socioambiental generada por los impactos negativos del cambio climático. De ahí la importancia y la necesidad de concretar, en el marco de la COP20, un conjunto de instrumentos normativos e institucionales que favorezcan el desarrollo sustentable en el planeta y en nuestro país.
Por estar razones, a nombre del Grupo PERU COP 20 manifestamos lo siguiente:
• Demandamos al Gobierno mayores niveles de transparencia y acceso a la información sobre la posición adoptada por el Estado peruano en el proceso de negociaciones preparatorias para la COP20 que se realizará en nuestro país. Consideramos de primera importancia para la ciudadanía conocer la propuesta del país anfitrión sobre los acuerdos que se van gestando en el marco de las reuniones preparatorias para la COP20. Igual transparencia demandamos con relación a los instrumentos de política interna en tránsito de aprobación –específicamente la Estrategia Nacional de Cambio Climático, que deberá ser discutida en la próxima legislatura-; procesos que deben darse en el marco de una mayor apertura de las autoridades para recibir las opiniones y propuestas del sector organizado de la sociedad civil, así como de las poblaciones indígenas en su condición de sectores directamente afectados. Para ello reiteramos la necesidad de que se establezcan canales institucionalizados de participación y seguimiento en ambos procesos (tanto de las negociaciones COP20 como de la agenda interna) que permitan a la ciudadanía acceder a información detallada, oportuna y confiable que posibilite un debate público alturado y la construcción de consensos sobre los temas que son objeto de negociación. Solo de esta forma las propuestas, iniciativas y compromisos que en materia ambiental asuma el Gobierno peruano ante la comunidad internacional y local, contarán con el respaldo y legitimidad de la ciudadanía y sus organizaciones sociales.
• Asimismo, creemos que el Gobierno viene proyectando señales contradictorias con su condición de anfitrión de la COP20. La reciente aprobación de la Ley Nº 30230, que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país, afecta las competencias regulatorias de la Autoridad Ambiental, relajando los controles en la fiscalización de las industrias extractivas, poniendo en riesgo la sostenibilidad ambiental y social del país. En tal sentido, hacemos eco de las observaciones y cuestionamientos que han manifestado en días recientes instituciones y organizaciones nacionales e internacionales –como la Defensoría del Pueblo, la oficina de Naciones Unidas en el Perú y un grupo de más de 100 instituciones, plataformas y redes internacionales-, en torno a las medidas adoptadas por el Ejecutivo y aprobadas por el Congreso para enfrentar la desaceleración de la economía. La promoción de la inversión privada no puede ser utilizada de pretexto para una reducción discrecional e inconsulta de los estándares sociales y medioambientales que ponen en riesgo la vida, la salud y los medios de subsistencia de las poblaciones indígenas y la sostenibilidad de los ecosistemas amenazados por el extractivismo indiscriminado.
• Por estas razones, demandamos que el Ejecutivo derogue las normas aprobadas, al ser estas lesivas de los derechos fundamentales de las poblaciones indígenas, y se propongan modificaciones para devolver a la autoridad ambiental las funciones de regulación del sector y protección de la biodiversidad y sostenibilidad ambiental.
Reiteramos nuestro compromiso y disposición para colaborar con las autoridades competentes a fin de aportar para que desde nuestra condición de país anfitrión y Presidente de la COP, se apruebe un borrador de Acuerdo Global Climático que represente un eficaz instrumento para enfrentar el Cambio Climático Global.
Atentamente,
Rocio Valveavellano Roca Rey
