La Red Canadiense sobre la Rendición de Cuentas Empresariales (RCRCE por sus siglas en francés) está profundamente desilusionada porque el gobierno federal no ha establecido un Ombudsman independiente para investigar las quejas referentes a las violaciones de los derechos humanos que involucran las actividades corporativas en el exterior, como parte de la revisión de cinco años de su estrategia de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) anunciada hoy día.
Más de 95,000 Canadienses escribieron al Parlamento en el transcurso del último año, pidiendo la creación de un Ombudsman para el sector extractivo, a través de la Campaña Apertura por la Justicia de la RCRCE. El mes pasado, un proyecto de ley de un miembro particular del parlamento protagonizando la creación de dicho Ombudsman, el proyecto C-584, recibió mucho apoyo por parte de todos los partidos de oposición en el Parlamento, pero fue desechado por el gobierno durante el voto.
Ken Newmann, Director Nacional de los Trabajadores Metalúrgicos dijo, “La Estrategia de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) falló
y continuará fallando porque no permite una investigación independiente de las actividades corporativas en el exterior o cualquier remedio para las comunidades locales y para los trabajadores que han sido perjudicados por la conducta irresponsable de las corporaciones”
Ian Thomson de KAIROS Canadá dijo “Mientras que es positivo que la estrategia del gobierno admita que las compañías tengan responsabilidad de respetar los derechos humanos, no hay mecanismos que garanticen su cumplimento más allá del voluntarismo y la auto regulación”
A pesar del llamado público por una reforma substancial, el Ministro de Comercio Internacional, Ed Fast anunció hoy que la Oficina del Consejero de la RSE para el sector extractivo se mantendrá. Las compañías mineras Canadienses no han cooperado con el mecanismo de quejas del Consejero de la CSR desde que éste fue establecido en 2010. En lugar de eso, escogieron ignorarlo y echar abajo cualquier revisión de su conducta. No está claro cómo es que la nueva amenaza del gobierno de remover unos pocos servicios gubernamentales, como cartas de recomendación o la participación en alguna misión comercial, obligará a las compañías a actuar más constructivamente.
De acuerdo con Catherine Coumans de Alerta Minera Canadá: “La industria y la sociedad civil tienen muy poco respeto por la Oficina del Consejero de la RSE porque es totalmente inefectiva. La solución no es forzar a las compañías a participar en un proceso inefectivo, si no que, seriamente establecer poderes reales de esclarecimiento de hechos, la elaboración de reportes públicos y reparación de daños”.
Josianne Gauthier de Desarrollo y Paz dijo: “Finalmente, los que van a pagar el precio más alto por el impacto adverso de las compañías Canadienses son las comunidades más vulnerables, porque ellas no tienen una genuina reparación cuando sus derechos humanos son violados”
La CNCA ha tenido la esperanza de que el gobierno hará reformas substanciales a su estrategia de la RSE para el Sector Extractivo Internacional este año. La campaña Apertura por la Justicia continuará haciendo un llamado para la creación de un Ombudsman para el sector extractivo y por una legislación que permite el acceso a las Cortes Canadienses a favor de los no nacionales dañados por las compañías Canadienses en el extranjero.
Comunicado de prensa
14 de Noviembre de 2014
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Bob Gallagher, Sindicato de Trabajadores(as) Metalúrgicos(as)
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Kelly DiDomenico, Desarrollo y Paz
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La Red Canadiense de Rendición de Cuentas Empresariales (RCRCE) incluye ONGs de derechos humanos, de desarrollo internacional, de justicia social y de protección ambiental, grupos confesionales y de sindicatos en una acción concertada para promover normas obligatorias de rendición de cuentas de las empresas canadienses de extracción que laboran en el extranjero, particularmente en los países en vía de desarrollo.
