Diversas organizaciones sociales, reunidas en el marco del Foro “Reasentamiento en el Perú, Casos y Propuestas de Política” plantearon la modificación de la Ley 29869 sobre “Reasentamiento Poblacional para Zonas de muy Alto Riesgo No Mitigable”, que pone en grave riesgo la estabilidad de poblados cercanos a proyectos extractivos diversos.
En la actividad se presentaron los casos de reubicación de las localidades de Morococha (Junín) y Fuerabamba (Apurímac) que actualmente mantienen conflictos con las empresas mineras que operan en sus territorios y que prácticamente han perdido su integridad física, urbana, social e histórica y han puesto en riesgo las relaciones laborales con los pobladores.
Marcial Salomé Ponce, alcalde de la Municipalidad de Morococha, dijo que el traslado que realiza la empresa Chinalco es un proceso forzado y arbitrario y que la ley aprobada les brinda mayores ventajas para expandir sus actividades extractivas, dejando las responsabilidades sociales al gobierno local, contrario a lo que indica el Banco Mundial.
Rosa Gamarra Montesinos, coordinadora zonal de Centro Andino de Educación y Promoción de Apurímac informó que la empresa Xstrata por los trabajos que realiza en la comunidad de Fuerabamba está construyendo una nueva ciudad para cuatrocientas familias sin considerar los usos y las costumbres de los pobladores y sin un plan de reasentamiento evaluado y aprobado por la comunidad con asesoría técnica.
Los representantes del Centro Labor, el Foro Ciudades para la Vida, la Red Muqui y la Asociación de Municipalidades del Perú, coincidieron en señalar que la ley aprobada en mayo por el Congreso de la República, debe ser modificada debido a que es incongruente con el desarrollo integral de las comunidades y el desarrollo económico del país.
También se hace necesario la consulta previa o consulta ciudadana para la aprobación de las normas de este tipo, así como para su cumplimiento y que el Estado tiene la obligación de defender al propietario y no vulnerarlo, por ello se hace necesario contar con una ley similar exclusiva para zonas mineras.
Los organizadores del foro mantendrán reuniones permanentes con algunos legisladores y autoridades de zonas mineras para definir acciones futuras y evaluar la modificatoria de esta ley.
Chaupimarca, noviembre de 2012.
