Muchas zonas de la región central del país, afrontan problemas ambientales y de salud, sus poblaciones están expuestas día a día a la contaminación minera y a un ambiente desolador rodeado de desmontes, relaves, galería subterránea y hasta matizada con un tajo abierto como plaza de armas. Ahora con los nuevos parámetros establecidos en la Ley Nº 30230, conocida como paquetazo ambiental se preguntan muchos, ¿En qué situación quedarán las fuentes de agua, el aire y el suelo?. Sobre esta realidad y otras repercusiones que nos dejaría esta Ley recientemente promulgada por el Ejecutivo, entrevistamos a Gladys Huamán, Sub directora de Centro Labor Pasco y quien actualmente es directivo de la Red Muqui.
¿Qué es lo que más preocupa de esta Ley, que tiene como objetivo “reactivar la economía”?
Lo que más nos preocupa es el artículo 21, que se refiere al tema de la solicitud de opiniones para la Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental (EIA),
ahora las opiniones vinculantes y no vinculantes deberán emitirse en un plazo máximo de 45 días hábiles. Si ahora es complicado, con este tiempo tan corto, se va restringir aún más la participación de las comunidades.
No se ha considerado el pedido y propuestas que se ha venido planteando desde las zonas que enfrentamos contaminación, en que los plazos sean mayores para lograr una evaluación mucho más técnica y minuciosa de los Estudios de Impacto Ambiental. Sabemos que una vez que un EIA es aprobado, luego, si se encuentra observaciones, poco se puede hacer.
Esta Ley en materia ambiental tal como se viene dando no considera temas esenciales como: salud, desplazamiento poblacional, impactos en las áreas indirectas que vienen dando las empresas mineras. Yo avizoro un panorama muy crítico en el cual los Estudios de Impacto Ambiental no van a responder a la problemática de la población del área de influencia directa ni menos de indirecta.
¿Y el tema de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos Permisibles (LMP)?
Es preocupante que a un año de haberse aprobado los ECA suelo, existan cambios. Si uno compara los Estándares aprobados con lo de otros países, el caso peruano es mucho más benevolente con las empresas mineras. Ahí hay una gran preocupación.
¿Cómo se está abordando en esta Ley, una de las políticas de Estado que es el Ordenamiento territorial?
Si bien se enfatiza que el ordenamiento territorial es un proceso político y técnico administrativo destinado a orientar la ocupación ordenada y uso sostenible del territorio; también se refiere que ni la Zonificación Económica Ecológica, ni el Ordenamiento Territorial asignan uso ni exclusiones de uso.
En ese sentido, nos hacemos la pregunta de qué uso sostenible del territorio estaríamos hablando. Debemos recordar que la tendencia actual de la mayoría de comunidades es trabajar la zonificación y a ver en el ordenamiento territorial una manera de conseguir el camino al desarrollo.
¿Qué es lo que invocarías?
Somos conscientes de que debemos impulsar otras jornadas de expresión que involucre a toda la población y a otros sectores. Las zonas afectadas por el tema minero y la industria extractiva tienen también que reclamar. No es posible que los gobiernos locales y regionales no digan absolutamente nada sobre estos de cambios, si son ellos finalmente quienes administran los territorios.
Me adhiero a los pronunciamientos de diferentes instituciones que vienen expresando su rechazo a estas medidas, tales como la Red Muqui y la Plataforma del Ordenamiento Territorial en las cuales hay una gran preocupación.
