25 de abril de 2016
Su Excelencia Justin Trudeau Primer Ministro de Canadá Ottawa, Ontario
Estimado Señor Trudeau,
Tenemos el gusto de dirigirnos a usted para manifestar nuestra satisfacción por el escenario que se inaugura tras su elección como Jefe de Gobierno de Canadá y por los gestos de apoyo hacia los derechos humanos manifestados por usted desde su nombramiento como Primer Ministro. Particularmente, destacamos la conformación de un gabinete ministerial diverso, con un número inédito de mujeres y dos ministros indígenas; sus pronunciamientos en torno a la cuestión migratoria y la crisis humanitaria en países avasallados por conflictos internos; su compromiso en priorizar la relación “nación a nación” entre el gobierno canadiense y los pueblos indígenas, empezando con la implementación de la Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; el compromiso constructivo y renovado de su gobierno en las negociaciones climáticas y, en general, la disposición para replantear las políticas de Canadá en materia de derechos humanos y especialmente los derechos de los pueblos indígenas.
Como activistas, organizaciones latinoamericanas, redes y organizaciones internacionales con aliados en América Latina, estamos enterados de la problemática y preocupados por las violaciones de derechos humanos cometidas por empresas mineras canadienses que operan en la región. En base a nuestra experiencia, nos permitimos hacerle las observaciones y recomendaciones siguientes, en el espíritu de reconocimiento de que compartimos algunos principios universales en materia de derechos humanos y justicia que trascienden fronteras.
Las instituciones y redes abajo firmantes vienen trabajando desde hace varios años en la defensa de los derechos humanos de comunidades y personas afectadas por actividades relacionadas con la extracción de recursos naturales en América Latina. Como es de su conocimiento, varios estudios publicados durante los últimos años han analizado el rol del Estado canadiense en la comisión de dichas violaciones, a través de su apoyo político, financiero o diplomático a empresas involucradas en las mismas. A modo de ejemplo, en abril de 2014 una coalición de organizaciones de América Latina, con el apoyo de ONGs y centros académicos basados en Canadá, Estados Unidos y Europa, publicó un informe titulado El Impacto de la Minería Canadiense en América Latina y la Responsabilidad de Canadá. Este documento fue entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como a la Misión de Canadá ante la Organización de Estados Americanos, a la Cancillería de Canadá y a las Embajadas canadienses en los países donde se ubican los 22 proyectos mineros examinados, a saber: México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia, Chile, Argentina y Perú.
El documento reconoce los esfuerzos de varios parlamentarios, incluyendo miembros del Partido Liberal, por la adopción de un marco legislativo que establezca de forma más efectiva la rendición de cuentas de empresas mineras canadienses por sus actos en el exterior. Se destaca, en este sentido, el Proyecto de Ley C-300, de iniciativa de John McKay MP, que usted apoyó, y que buscaba asegurar que empresas del sector extractivo que reciben apoyo del gobierno de Canadá actúen de manera consistente con los estándares internacionales ambientales y de derechoshumanos. Usted se acordará del fuerte lobby ejercido por gremios del sector extractivo antes del rechazo del proyecto, pero por una diferencia de solo seis votos , mostrando que para muchos miembros del Parlamento y de la sociedad canadiense este tema es de gran relevancia.
En noviembre de 2014, se llevó a cabo una audiencia ante la CIDH titulada Impacto de las Actividades de Empresas Mineras Canadienses sobre los Derechos Humanos en América Latina. Durante la audiencia, organizaciones de la sociedad civil y representantes de la academia canadiense sostuvieron la necesidad de que Canadá tome medidas concretas para prevenir y reparar las afectaciones de derechos humanos derivadas de actividades de empresas canadienses en América Latina. En su resumen del 153° Período de Sesiones, la CIDH subrayó la importancia de que los Estados de origen de las empresas transnacionales, haciendo especial mención a Canadá, tomen medidas para prevenir las violaciones de derechos humanos.
En adición a las iniciativas ante los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el rol del Estado canadiense en violaciones perpetradas por empresas mineras con sede en dicho país ha sido evidenciado por comités temáticos y relatorías especiales del Sistema Universal de Derechos Humanos. En la última revisión sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos por parte de Canadá, llevada a cabo en julio de 2015 por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, uno de los principales puntos de preocupación fue la ausencia de mecanismos efectivos dirigidos a prevenir y mitigar las violaciones cometidas por sucursales de empresas mineras canadienses en el territorio de terceros países. En el pasado mes, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU publicó su sexto informe periódico sobre Canadá, y recomendó que dicho país refuerce la legislación que rige las actividades en el extranjero de las empresas registradas o domiciliadas en su jurisdicción. Asimismo, recomendó que Canadá “introduzca mecanismos efectivos para investigar las denuncias presentadas contra esas empresas y adopte las medidas legislativas necesarias para facilitar el acceso a la justicia ante los tribunales nacionales de las víctimas de las actividades de esas empresas.”
Ante el referido escenario, el desempeño de Canadá en materia de derechos humanos se ha deteriorado de forma considerable bajo administraciones anteriores, no solo ante los ojos de la comunidad internacional, sino ante aquellas personas, pueblos y comunidades que conviven con el impacto negativo de los proyectos extractivos conducidos por empresas canadienses.
En vista de la sensibilidad por los derechos humanos manifestada por usted durante la inauguración de su nueva administración, le instamos a adoptar las medidas que estén a su alcance para promover reformas legislativas y administrativas con el fin de regular más eficazmente la acción de empresas mineras canadienses en el mundo. En particular, recomendamos un inmediato cambio de postura por parte del Estado canadiense con miras a:
• Garantizar que las empresas mineras canadienses que realizan actividades en América Latina lo hagan de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos a los que están sujetos tanto los países anfitriones como el propio Estado de Canadá. Al respecto, y ante la gran conflictividad en torno a la minería que ha ido en aumento en la región, es vital que el gobierno de Canadá y las empresas mineras canadienses respeten elderecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación y al consentimiento previo, libre e informado, antes de realizar cualquier actividad minera en sus territorios.
• Respetar la decisión de las comunidades indígenas y no indígenas que han dicho no a la minería a gran escala debido a los daños severos al medioambiente y al bienestar social que conlleva.
• Implementar las recomendaciones que hizo el Comité Permanente sobre las Relaciones Exteriores y el Comercio Internacional en 2005.
• No inmiscuirse ni brindar ningún tipo de apoyo gubernamental, sea a través de programas de desarrollo, acuerdos comerciales y/o de asociación, financiamiento público o asistencia técnica, que busque influenciar la adopción o modificación de marcos regulatorios en los países receptores de proyectos extractivos.
• Incorporar estándares internacionales de derechos humanos y de transparencia en la regulación de las agencias de crédito e inversión pública y privada que financian actividades extractivas e imponer salvaguardias a empresas que reciban subsidio estatal.
• Garantizar un efectivo acceso a la justicia ante los órganos de la jurisdicción canadiense, para que las víctimas de violaciones a derechos humanos provocadas por empresas canadienses en el exterior puedan obtener justicia, verdad y reparación integral.
• Crear mecanismos objetivos, imparciales y eficaces de monitoreo e investigación de denuncias de violaciones a derechos humanos, individuales y colectivas, provocadas por empresas mineras canadienses en el exterior. Tales mecanismos deberían ser diseñados de conformidad con los Principios de París sobre el estatus y funcionamiento de las instituciones nacionales de derechos humanos.
• Dejar de impulsar tratados de libre comercio y acuerdos de inversión que favorecen la protección y la promoción de los intereses de las empresas mineras canadienses por encima de los derechos humanos, individuales y colectivos, y la protección del medioambiente.
• Abstenerse de impulsar mecanismos de arbitraje internacional, que es una herramienta poderosa para blindar las inversiones extranjeras que se favorecen de la inexistencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas por violaciones a los derechos humanos.
Luego de varios años de indisposición al diálogo y falta de autocrítica por parte del anterior gobierno, tenemos la esperanza de que su compromiso por los derechos humanos culminará en medidas que harán responsables a las corporaciones y agencias estatales y prevendrá más abusos por parte de las compañías mineras canadienses operando en el extranjero. Tales medidas permitirán que Canadá sea reconocido como una nación que respeta los derechos humanos.
Con el testimonio de nuestra estima y consideración.
(Firmas)
